• Jurisprudencia en el delito de estafa

     

    Los procedimientos penales iniciados como consecuencia de la presunta comisión de un delito de estafa abren un abanico de posibilidades muy amplio para proteger los derechos de los perjudicados.

    Los procesos penales tienen la característica de que permiten el ejercicio conjunto de acciones penal y civil: la penal para castigar con una pena personal al presunto estafador y la civil para resarcir a la víctima por los daños y perjuicios sufridos.

    La acción penal se dirige contra aquellas personas implicadas en la estafa y la civil puede derivarse a otras personas físicas o jurídicas que, por ejemplo, no habiendo participado en los hechos, pudieran haberse beneficiado del enriquecimiento que supone la estafa para el estafador.

    Además, al igual que sucede en un procedimiento civil, en un procedimiento penal por estafa un Juez puede adoptar medidas de aseguramiento similares a las existentes en la jurisdicción civil, como por ejemplo los embargos preventivos.

    Si echamos un ojo a la jurisprudencia, podemos comprobar a efectos prácticos lo que hemos expuesto. Por ejemplo, en el año 2010, la Audiencia Provincial de Tarragona (auto de 10 de abril), para proteger a un perjudicado por un presunto delito de estafa, mandó anotar un embargo preventivo sobre la finca que tenía una sociedad de la que el presunto estafador era administrador y socio único, a fin de que se pudieran garantizar las responsabilidades pecuniarias del futuro juicio.

    En este ejemplo vemos claramente la existencia de medidas cautelares de carácter civil en un proceso penal, al igual de la posibilidad de que la responsabilidad civil alcance a terceras personas que no tienen bajo su mano el dominio del hecho.

    Por ello es necesario contar con especialistas en derecho penal y en derecho civil o mercantil para conducir con éxito un pleito penal por un presunto delito de estafa, como los profesionales con los que cuenta Martínez-Echevarría.

    Este despacho cuenta con los profesionales adecuados y especialistas necesarios para analizar cada supuesto y sugerir los pasos más expeditivos para que una acción judicial tenga el mayor índice de probabilidades de éxito, dentro de la propia incertidumbre que supone el sometimiento de una controversia a una decisión judicial.

    Es fundamental que los especialistas, al igual que los integrantes del despacho Martínez-Echevarría, conozcan a fondo la jurisprudencia para una correcta llevanza de un proceso penal por estafa, que tan íntima relación guarda a veces con la jurisdicción civil, ya que en numerosas ocasiones la defensa de un posible delito de estafa pasar por reconducir la cuestión a la jurisdicción civil, de modo que un Juez entienda que se ha cometido un ilícito civil (únicamente con responsabilidad civil) y no penal, de manera que se pueda evitar una posible pena de prisión.

     

    Compartir en

    Comentarios

    Escribe un comentario

    Nombre (requerido)
    Email (requerido, no será publicado)
    Recordar los datos en este equipo
    He leído y acepto la cláusula de protección de datos.
    Protección de datos