• Legislación sobre el delito de estafa

     

     

    El delito de estafa está regulado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su última redacción dada tras la reforma que entró en vigor el pasado 23 de diciembre de 2010, operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

    Está reforma ha supuesto que el delito de estafa pueda ser cometido también por una persona jurídica, y que esta sea procesada por ello.

    El tipo básico de estafa lo recoge el artículo 248 del Código Penal:

    1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

    2. También se consideran reos de estafa:

    • a) Los que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
    • b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de estafas previstas en este artículo.
    • c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

    Por su parte, el artículo 249 contempla el marco punitivo para el tipo básico: «Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, si la cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros».

    El artículo 250 del Código Penal castiga las modalidades agravadas de la estafa:

    1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de un año a seis años y multa de seis a doce meses, cuando:

    • 1º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
    • 2º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase.
    • 3º Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
    • 4º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.
    • 5º Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros.
    • 6º Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.
    • 7º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar un resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.

    2. Si concurrieran las circunstancias 4ª, 5ª o 6ª con la 1ª del número anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.»

    También existe como modalidad del delito de estafa, lo denominado jurisprudencialmente como estafa impropia, que se castiga en el artículo 251 del Código Penal:

    Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años:

    • 1º Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero.
    • 2º El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de este o de un tercero.
    • 3º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.

    Para finalizar, mencionar la inclusión en el Código Penal del nuevo artículo 251 bis, que castiga expresamente a las personas jurídicas:

    «Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delito comprendidos en esta Sección, se le impondrán las siguientes penas:

    • a) Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
    • b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los casos.

    Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.»

     

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